Activistas saharauis denunciaron, durante la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las violaciones de derechos humanos y la represión de las voces disidentes por parte del polisario en los campamentos de Tindouf (suroeste de Argelia), así como la situación de desesperación que reina allí, particularmente entre los jóvenes.
En su intervención en el punto 3 del debate general, pidieron a la comunidad internacional que actúe para proteger los derechos de las personas que viven en los campamentos de Tinduf y que Argelia rinda cuentas por su papel en estas violaciones.
Saadani Maoulainine, de la Organización para la Comunicación en África y la Promoción de la Cooperación Económica Internacional (OCAPROCE), expresó la preocupación de su organización por los continuos problemas a los que se enfrentan los jóvenes saharauis en los campamentos de Tinduf.
"Desde hace 50 años, se les priva de sus derechos más elementales, se les obliga a vivir en campamentos y se les somete a la violencia y a la injusticia social", deploró la ex deportada saharaui a Cuba.
Por su parte, Hassan El Gramez, de la ONG Promoción del Desarrollo Económico y Social (PDES), señaló que el polisario sigue imponiendo políticas represivas que impiden cualquier voz de disidencia y privan a la población de sus derechos más básicos.
Para la ONG, el Estado argelino, que acoge al polisario en su suelo, asume toda la responsabilidad de las violaciones cometidas en su territorio de acuerdo con las normas del derecho internacional.
Otros oradores tomaron la palabra también para subrayar que la ausencia de un marco jurídico definido hace a los residentes de los campamentos vulnerables a las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas, y denunciaron que más de 140 saharauis han sido detenidos y asesinados a sangre fría por dirigentes del polisario.
Los oradores también denunciaron el desvío de ayuda humanitaria por parte del polisario y su venta en mercados locales de Argelia y países subsaharianos.
En este contexto, pidieron al CDH que vele por que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pueda registrar y proteger a la población de los campamentos, que ayude a poner en marcha medidas para evitar el desvío de la ayuda y que garantice la libertad de expresión, asociación y circulación.
(MAP: 18 Marzo 2025)
